Libertad, garantías y derechos humanos.

Por Sergio A. Montoya

He tenido la fortuna de subir esta primer columna en AulaDH, y el tema que abordo es sobre la percepción cambiante sobre el alcance de nuestra libertad y su significado, así como las garantías para su protección dentro de un estado democrático respetuoso de los derechos humanos. Y este último es precisamente un concepto difícil de conformar en la actualidad.

¿Qué son los derechos humanos?, ¿qué deben proteger? la respuesta en un primer momento parece intuitiva, fácil. Pero no lo es.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, fueron consolidándose los derechos humanos, primero como una guía, y después como un compromiso ineludible de las naciones democráticas. Así, la libertad fue adquiriendo un significado más allá de las nociones básicas occidentales sobre la capacidad de acción sin intervención del Estado para que las personas pudieran ser libres físicamente, expresar sus ideas, comerciar y poseer; y adquirió una equivocidad tan veloz, que el día de hoy parece imposible encontrar un acuerdo entre qué debe significar, cuáles sus alcances y cuáles sus límites.

Lo que pensábamos como ideales, adquirieron obligatoriedad, y de la mano de esa obligatoriedad, herramientas para su cumplimentación. ¿Pero pueden realmente garantizarse ideales de libertad, de justicia y de derechos humanos? Ya no marcamos límites, nos basta imaginar nuevos derechos o nuevas formas de ciertos derechos humanos, para proceder a su normativización.

La forma en que se difunden y se enseñan los derechos humanos en las aulas y en la sociedad en general, proponen un formato plano, básico. Que sugieren que los derechos humanos son tan intuitivos y lógicos, que cualquiera puede entenderlos e interpretarlos. Pero en la confrontación social, nos percatamos que no es así.

Muchas luchas actuales pro derechos humanos encuentran oposición en otros grupos también pro derechos humanos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué existe más de una visión de lo que deben ser y proteger los derechos humanos?, ¿Basta -para tomar partido- simplemente hacer caso a lo que cada uno de nosotros crea entender e interpretar qué deben ser los derechos humanos?

Y en esta multivocidad ¿cómo podemos proteger a cada uno de ellos y garantizarlos?

Cada expresión de libertad sobre lo que cada quien o cada grupo defienda como sus derechos humanos no tiene mayor complejidad, sino hasta que enfrenta la exigencia de ser positivizado. Dado que no ganarán todas las expresiones de un derecho. Las demás que no obtengan su normativización deberán atender a la interpretación del derecho del grupo que haya convencido al cuerpo legislativo.

¿Estamos normativizando los derechos humanos en forma correcta, es posible garantizarlos? Este es un segundo nivel en esta discusión. Nadie niega que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna. Las posiciones allá afuera versan sobre si este derecho es a una libertad de trabajar libremente para acceder a esta vivienda y el Estado a establecer políticas públicas sobre agua potable, medio ambiente, seguridad pública, y otras, que permitan un entorno digno. O bien, que el estado proporcione a las personas estas viviendas. Este es solamente un ejemplo de múltiples situaciones alrededor de la garantización de los derechos humanos.

Lo que sí es seguro es que no pueden nuestras personas integrantes de la cámara legislativa, proteger o desproteger derechos humanos a partir de convicciones íntimas y/o a presiones de grupos de interés. Pero también los grupos que exigen la legislación de sus pretensiones, deben entender que no puede ser un juego de ganar-perder. Que la abierta discusión civilizada, argumentada de las ideas, convencimiento de posiciones y cualquier otra mecánica de resolución de conflictos incluida la ponderación de derechos, nos debe llevar a una mecánica social de ganar-ganar. Porque con los derechos humanos tenemos que ganar todas las personas.

 

 

Sergio Alfredo Montoya Sierra es Jefe Editorial de AulaDH, maestro en derechos humanos, docente universitario y Director de Educación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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