Recientemente participé en un foro en línea sobre la exigibilidad de los derechos culturales, las políticas públicas y presupuestos al respecto. Cabe señalar que en nuestro país el presupuesto en este rubro se ha “ajustado” (reducido) y con justa inconformidad mis compañeros y compañeras se pronunciaban sobre cómo esta acción era contraria a los compromisos internacionales del estado mexicano y deberes constitucionales.
Recientemente participé en un foro en línea sobre la exigibilidad de los derechos culturales, las políticas públicas y presupuestos al respecto. Cabe señalar que en nuestro país el presupuesto en este rubro se ha “ajustado” (reducido) y con justa inconformidad mis compañeros y compañeras se pronunciaban sobre cómo esta acción era contraria a los compromisos internacionales del estado mexicano y deberes constitucionales.
No es nueva esta frustración. A lo largo de los años escucho las demandas, exigencias e indignaciones sobre como nuestro país, sus autoridades, vulneran los derechos humanos con políticas públicas, con acciones contrarias al derecho convencional y al derecho interno. E invocan en cursos, seminarios, paneles y foros los instrumentos internacionales en derechos humanos que México ha firmado por más de 70 años, para que el gobierno los respete y garantice. Pero no ocurre nada.
Para comprender un poco más (más no para aceptar) porqué pasa esto, déjeme explicarle amable lectora, lector, las convicciones y compromisos de nuestro país para con los derechos humanos.
México participó en las negociaciones paralelas que llevaron tanto a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptadas en 1948. Las delegaciones mexicanas recibieron la instrucción de fijar su posición de acuerdo con el lineamiento, entre otros, de que era inadmisible la llamada protección internacional de los derechos humanos, por lo que no podía aceptarse nada que tendiera a constituir una maquinaria internacional para proteger tales derechos. Al final México votó a favor de los instrumentos ya que consideró que resultaría contraproducente para el país votar en contra ya que los demás países apoyaban esta idea.
En 1969 participamos a fondo en las discusiones que condujeron a la redacción final de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la instrucción en este caso fue cabildear para que no se materializara esta convención y menso una corte, en su caso restringir las facultades que el anteproyecto original contemplaba para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como resultado, por un lado, México cambió su posición y brindó su apoyo para la adopción de la Convención por la gran aceptación que este documento tenía entre los países latinoamericanos, pero por otro lado, consiguió que la jurisdicción de la Corte Interamericana tuviera un carácter optativo y no obligatoria con la firma de la Convención.
En la última década del siglo pasado, a fin de lograr el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y la creciente demanda de democracia y denuncias de violaciones a derechos humanos, México fue obligado a crear un organismo protector de los derechos humanos, con la que nacerá la hoy CNDH y los entes estatales. En 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, México se opuso ahora a la creación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y para negociar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, México tuvo que firmar a regañadientes la Cláusula Democrática, exigida por Bruselas para su ingreso.
Recientemente las modificaciones a la Constitución con la famosa reforma de 2011 sobre derechos humanos, el cambio a los sistemas de justicia incluida ya la laboral, obedecen a una imposición y no a una convicción de nuestro estado. A la fecha, México ha suscrito más de 160 documentos internacionales de protección, defensa y promoción de los derechos humanos, signados durante los últimos 70 años.
Amable lector, lectora, perdone toda esta narrativa, pero era necesaria para entender y comprender (repito, no aceptar) que el estado mexicano nunca ha tenido intención de cumplir, de armonizar nuestra política y normativa interna. La cultura jurídica del país vive todavía un aislacionismo que no es capaz de comprender y generar acciones gubernamentales convencidas de protección de los derechos humanos. La simulación del estado mexicano es firmar más y más instrumentos internacionales, crear normas internas que supuestamente armonizan los derechos, pero en la práctica las acciones diarias nos demuestran precisamente que son una fachada. No existe voluntad ni convicción por los derechos humanos.
Así que, ¿seguimos solamente invocando los instrumentos internacionales y las obligaciones que contraen?, ¿nos seguimos frustrando ante las acciones de gobierno?, ¿buscamos litigios estratégicos ante la negligencia del estado?, ¿educamos y formamos en derechos humanos?, ¿Nos movilizamos para sociedad? Como siempre, usted mis estimada lectora, lector, tiene la mejor respuesta.
sergio.montoya@auladh.com
Para conocer más: https://www.senado.gob.mx/informacion/diario/sesion/22