El llamado \u201cmodelo Bukele\u201d \u2013en referencia a Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde 2019, y convertido en referente de las pol\u00edticas de mano dura\u2013 constituye uno de los fen\u00f3menos penales recientes m\u00e1s discutidos a nivel global. Sus resultados en reducci\u00f3n de la violencia han sido ampliamente difundidos aunque, en paralelo, ha recibido cr\u00edticas contundentes por sus implicaciones en materia de derechos humanos y garant\u00edas democr\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n
El modelo genera, as\u00ed, adhesiones y rechazos intensos, haciendo que el debate se mantenga en esa dicotom\u00eda m\u00e1s de lo deseable. Quienes lo apoyan suelen aceptar sus peligrosos excesos; quienes lo rechazan a menudo eluden una pregunta delicada: \u00bfqu\u00e9 alternativa se le ofrece a quien lleva d\u00e9cadas viviendo bajo una violencia que el Estado no ha sabido contener?<\/p>\n\n\n\n
Antes de Bukele: violencia y fracaso institucional<\/p>\n\n\n\n
Durante d\u00e9cadas, El Salvador registr\u00f3 niveles de violencia extraordinariamente elevados, situ\u00e1ndose entre los pa\u00edses con mayores tasas de homicidio del mundo. Esta violencia \u2013continuada y estructural\u2013 estaba vinculada al control del territorio que ejerc\u00edan las pandillas (las maras), conocidas internacionalmente por el uso de tatuajes visibles en el rostro, adem\u00e1s de en otras partes del cuerpo.<\/p>\n\n\n\n
Las pandillas no solo comet\u00edan homicidios: impon\u00edan un r\u00e9gimen de dominaci\u00f3n basado en la extorsi\u00f3n, la amenaza y el miedo constante, condicionando la vida diaria de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En El Salvador, era (es) normal tener amigos o familiares asesinados, vivir en casas protegidas por concertinas, encontrarse con personal de seguridad armado en la entrada de una farmacia o un restaurante y tener que pagar peri\u00f3dicamente una cantidad de dinero a la pandilla del barrio para vivir all\u00ed o tener un negocio.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de la alternancia pol\u00edtica entre gobiernos de izquierdas y derechas, las estrategias implementadas \u2013incluyendo operativos policiales y militares intensivos\u2013 no consiguieron desmantelar las estructuras criminales y, en muchos casos, generaron efectos negativos adicionales, como abusos y deterioro de la confianza institucional.<\/p>\n\n\n\n
Es en este contexto de violencia cr\u00f3nica y agotamiento social donde debe situarse la estrategia impulsada por el presidente de El Salvador.<\/p>\n\n\n\n
Luces y sombras del modelo<\/p>\n\n\n\n
A partir de 2019, y especialmente tras el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n de 2022 \u2013que implic\u00f3 una suspensi\u00f3n prolongada de garant\u00edas constitucionales y una ampliaci\u00f3n extraordinaria del poder punitivo estatal\u2013, el Estado salvadore\u00f1o despleg\u00f3 una pol\u00edtica de control penal intensivo basada en detenciones masivas, el encarcelamiento generalizado y el endurecimiento del sistema penitenciario.<\/p>\n\n\n\n
Esta pol\u00edtica ha llevado a El Salvador a registrar la tasa de encarcelamiento m\u00e1s alta del mundo, con cifras que superan los 1 600 presos por cada 100 000 habitantes. Para dimensionar la cifra: Cuba, segunda del ranking, tiene la mitad; Espa\u00f1a, alrededor de 116.<\/p>\n\n\n\n
Los resultados de la estrategia, sin embargo, han sido contundentes, al menos en t\u00e9rminos de seguridad. Las cifras oficiales indican una reducci\u00f3n dr\u00e1stica de los homicidios, acompa\u00f1ada del descenso de otros delitos, como la extorsi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, los indicadores de percepci\u00f3n de seguridad confirman este cambio: una gran parte de la poblaci\u00f3n afirma sentirse segura en su vida cotidiana, algo impensable en a\u00f1os anteriores.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, actores pol\u00edticos de Costa Rica, Argentina, Chile o Guatemala han planteado ya medidas inspiradas en \u00e9l. Ahora bien, este apoyo convive con sectores crecientes de la poblaci\u00f3n que cuestionan esta estrategia por sus costes en derechos y garant\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
En esta l\u00ednea, Bukele y su modelo han sido objeto de cr\u00edticas severas. Organizaciones y acad\u00e9micos han denunciado detenciones arbitrarias, encarcelamiento de personas inocentes y graves limitaciones al debido proceso en el marco del r\u00e9gimen de excepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n se ha cuestionado la fiabilidad de las estad\u00edsticas oficiales, se\u00f1alando cambios en los criterios de recuento de homicidios que podr\u00edan sobredimensionar la reducci\u00f3n de la violencia.<\/p>\n\n\n\n
A ello se suman preocupaciones por el gran deterioro institucional y democr\u00e1tico derivado de la concentraci\u00f3n de poder y la \u201cderiva autoritaria\u201d de Bukele \u2013que incluye la persecuci\u00f3n y encarcelamiento de periodistas y activistas\u2013, as\u00ed como dudas sobre la sostenibilidad de una estrategia basada en el encarcelamiento masivo en un contexto de pobreza persistente.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 del todo o nada: el inc\u00f3modo vac\u00edo de alternativas<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n sobre el caso de El Salvador suele plantearse en una l\u00f3gica de todo o nada: se acepta el modelo por sus resultados en seguridad o se rechaza por sus elevados costes. Sin embargo, ambas posiciones resultan, de alg\u00fan modo, insuficientes.<\/p>\n\n\n\n
El problema de la primera es m\u00e1s visible: minimiza sus grav\u00edsimas implicaciones, expuestas anteriormente. El problema de la segunda \u2013que a menudo pasa desapercibido\u2013 es que elude una cuesti\u00f3n inc\u00f3moda: no existen alternativas que, a d\u00eda de hoy, hayan demostrado ser eficaces para reducir de manera r\u00e1pida niveles extremos de violencia en pa\u00edses con las caracter\u00edsticas de El Salvador y parte de la regi\u00f3n latinoamericana.<\/p>\n\n\n\n
Ignorar este problema contribuye, parad\u00f3jicamente, a reforzar el atractivo de modelos como el salvadore\u00f1o. Una parte relevante de su apoyo no se explica por su legitimidad, sino por la percepci\u00f3n de que es la \u00fanica opci\u00f3n que ha ofrecido resultados visibles. Reconocer esta realidad no equivale a legitimar el modelo; es el punto de partida para combatirlo.<\/p>\n\n\n\n
El reclamo real de mano dura<\/p>\n\n\n\n
Desde contextos alejados de la violencia resulta m\u00e1s sencillo rechazar estrategias ileg\u00edtimas, porque hacerlo no implica continuar viviendo amenazado. Pero para quienes padecen esa realidad de forma cotidiana, la urgencia reduce dr\u00e1sticamente el margen de elecci\u00f3n: se prioriza sobrevivir hoy sobre las garant\u00edas que deber\u00edan proteger el ma\u00f1ana.<\/p>\n\n\n\n
Comprender esta l\u00f3gica \u2013sin validarla\u2013 es indispensable para entender por qu\u00e9 determinados sectores de la poblaci\u00f3n formulan demandas de mano dura en estas situaciones y por qu\u00e9 l\u00edderes con propuestas extremas e ileg\u00edtimas logran una base de apoyo real.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, si se quiere evitar que la excepcionalidad punitiva se consolide como \u00fanica opci\u00f3n pol\u00edticamente cre\u00edble, no basta con denunciar sus costes: es imprescindible construir alternativas realistas y operativas que, adem\u00e1s de normativamente deseables, sean tambi\u00e9n eficaces en contextos de violencia estructural.<\/p>\n\n\n\n
De lo contrario, el riesgo es su expansi\u00f3n a otros pa\u00edses, con costes democr\u00e1ticos inaceptables y sin garant\u00eda de resultados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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